El CGPJ abre el Expediente 0256/2026 contra el Juez de Bilbao por el caso AvaTrade: Frente común contra el silencio administrativo
La macrocausa penal por el fraude financiero internacional de la empresa AVATRADE que afecta a cientos de usuarios españoles entra en una fase de máxima tensión institucional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha notificado oficialmente la apertura y tramitación del Expediente Nº 0256/2026, correspondiente al Recurso de Alzada interposto por el afectado Francisco Gómez González contra el opaco archivo de las actuaciones disciplinarias previas por Jose Maria Eguia Baltellas
Sin embargo, la admisión a trámite del expediente ha venido acompañada de la clásica cláusula de descompresión burocrática: la advertencia de que, si la resolución no se dicta y notifica en el plazo de tres meses (coincidiendo con el periodo estival), el recurso se entenderá desestimado por la vía del silencio administrativo. Ante esta maniobra de dilación orientada a blindar la polémica instrucción penal del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, la acusación ha ejecutado un golpe de autoridad legal inminente.
Exigencia formal de resolución expresa ante el Registro General del Estado
Haciendo uso del derecho que asiste a los ciudadanos en un Estado democrático, se ha formalizado a través del Registro Electrónico General (REG) del Estado el asiendo de entrada REGAGE26e00053371991. Se trata de un exhaustivo Manifiesto de Oposición Anticipada al Silencio Administrativo y Exigencia de Resolución Expresa Motivada, fundamentado de manera taxativa en los artículos 21, 24 y 35 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
La ley es tajante: el silencio administrativo es una garantía procesal exclusiva para el ciudadano afectado, jamás un escudo de impunidad para que las instituciones eviten fiscalizar las presuntas conductas delictivas de sus propios miembros. El CGPJ tiene la obligación inexcusable de dictar una resolución motivada que dé respuesta a la gravedad de los cargos documentados en la causa.
Las demoledoras irregularidades que el CGPJ está obligado a resolver
El recurso de alzada cuyo control inspectorio se exige no contiene meras discrepancias técnicas, sino la constatación de un rastro de arbitrariedades procesales cronificadas ejecutadas por el Magistrado-Juez D. José María Eguia Baltellas:
Invención de doctrina judicial inexistente: Consta acreditado en el expediente (Auto nº 516/2025 de la Audiencia Provincial de Bizkaia) que el juez instructor llegó a inventarse materialmente una supuesta Sentencia del Tribunal Supremo fechada un 15 de agosto de 2021 —coincidente en domingo festivo nacional inhábil— con el único propósito de justificar el archivo exprés de la causa y exonerar a la marca financiera.
Indefensión bajo engaño documental: El juzgado emitió de forma reiterada cédulas y mandamientos judiciales alegando falsamente que el domicilio y el teléfono del recurrente eran «desconocidos» para dejarlo en absoluta orfandad procesal, a pesar de que todos sus datos de contacto constaban exhaustivamente en las actuaciones.
Cierre clandestino durante un ingreso en la UCI: El instructor dictó el sobreseimiento de la causa apenas 29 días después de haber decretado una prórroga de la investigación por seis meses bajo la premisa de que era imposible finalizarla en plazo. Este «carpetazo» se ejecutó de espaldas a la víctima mientras esta se debatía entre la vida y la muerte en estado crítico ingresada en la UCI.
Secuestro de 22 pruebas determinantes: Tras exigir formalmente a la víctima un desembolso económico privado para litigar bajo la firma de abogado y procurador, la acusación presentó el 26 de febrero de 2026 un contundente lote de 22 pruebas incriminatorias clave. El juez relegó su admisión a una «resolución aparte» en su providencia de marzo, un auto que a fecha de hoy jamás se ha dictado, manteniendo las evidencias bajo llave.
Maniobras de invisibilidad procesal sobre la cúpula del fraude
La denuncia disciplinaria destapa, además, la retención sistemática del Auto de inhibición dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia el 2 de julio de 2022. El juzgado de Bilbao acumula cuatro años de parálisis deliberada sin aceptar ni rechazar dicha competencia, bloqueando el avance penal sobre la alarmante negligencia supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta dilación continuada coincide en el tiempo con la manipulación de la lista oficial de investigados. Los presuntos cerebros organizativos de la trama, D. Fernando Márquez Cuello, D. Rodrigo Ruiz y la mercantil International Basic Soul S.L., han sido sometidos a un proceso de intermitencia judicial. Tras ser «resucitados» en el auto de archivo de mayo de 2025 únicamente para beneficiarse del paraguas de la cosa juzgada, han vuelto a ser totalmente borrados de las listas de imputados en las providencias de 2026, desviando el foco penal de forma fraudulenta hacia meros testaferros secundarios.
Un expediente que trasciende las fronteras españolas
El corporativismo y la estrategia de no responder ya no sirven para tapar el alcance de la investigación. Al tratarse de un macrofraude transfronterizo donde los capitales de los usuarios han sido desviados a través de cuentas en Eslovaquia y firmas instrumentales de Estonia como Clear Transfer Technologies OÜ, los justificantes de este silencio administrativo institucional están siendo remitidos de forma directa a la Fiscalía Europea (EPPO) bajo el procedimiento abierto PP.00132_2026_ES.
El regulador y los altos estamentos judiciales de Madrid ya no juegan a solas: el rastro del dinero y las resoluciones emitidas en domingos festivos están bajo la lupa europea. La verdad está documentada y cada intento de silencio administrativo quedará registrado ante la opinión pública en este portal.
Un patrón de impunidad destapado en la literatura de investigación
Estas alarmantes maniobras de parálisis institucional y opacidad en los juzgados no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón estructurado que ha sido minuciosamente documentado. Para comprender a fondo el alcance global de esta trama y cómo las corporaciones financieras consiguen tejer alianzas de protección, es imprescindible acudir a las fuentes bibliográficas directas. Toda la documentación reservada, las alertas internacionales y las pruebas de este macrofraude se encuentran al descubierto en el libro AvaTrade Bróker: Prohibido en más de 20 países, disponible en la plataforma Amazon. Una obra que se ha convertido en el registro público de referencia para evitar que el silencio administrativo sepierte la verdad de las víctimas.
Fiscalización pública frente al macrofraude regulatorio internacional
El laberinto burocrático y los intentos institucionales de archivar causas mediante el silencio administrativo no hacen más que confirmar la necesidad de una resistencia ciudadana informada. Cuando los canales ordinarios fallan en la protección del inversor, la documentación pública se convierte en la única herramienta de control real. Para desglosar las alertas internacionales, el rastreo de cuentas en el extranjero y la maraña de mercantiles pantalla implicadas, resulta fundamental consultar la investigación completa y opiniones sobre AvaTrade, el portal de referencia donde se expone el rastro documental que las autoridades locales pretenden obviar y que ya se encuentra bajo la estricta lupa de la Fiscalía Europea (EPPO).