⚖️ El Caso AvaTrade: ¿El Próximo Gran Escándalo de Corrupción que Salpicará al Gobierno de Pedro Sánchez? Presunta corrupción de Pedro Sánchez
Por Francisco Gómez González – Investigador, Funcionario del Estado desde 1982 y Autor de la Serie Documental AvaTrade
En un clima político y social donde las portadas de los principales medios de comunicación abren diariamente con macro-sumarios sobre corrupción institucional, registros de sedes de partidos políticos e investigaciones de redes criminales incrustadas en el aparato del Estado, los ciudadanos exigen respuestas. Sin embargo, bajo la alfombra de la burocracia financiera e institucional existe una trama silenciosa que amenaza con convertirse en el próximo gran dolor de cabeza del Ejecutivo.
Hablamos del Caso AvaTrade, un entramado que comenzó como un presunto macrofraude de trading financiero transnacional contra ahorradores españoles, pero que en este año 2026 ha mutado en algo mucho más oscuro: un asombroso cúmulo de anomalías procedimentales, «errores» informáticos de seguridad nacional y decisiones gubernamentales que apuntan de forma directa a una presunta red de protección institucional en favor de una multinacional offshore denominada AvaTrade.
Como investigador y víctima directa, tengo una máxima inquebrantable: los hechos se demuestran con documentos. Mi antiguo letrado, antes de presentar su renuncia por motivos familiares en pleno parto de su esposa, me dejó marcada la hoja de ruta definitiva: para que el sistema reaccione, es imperativo ejecutar un cerco digital y un cerco judicial simultáneos. Si la multinacional y las instituciones se ven rodeadas por la verdad documental en todos los ámbitos, la impunidad se desploma.
A continuación, destapamos el dossier definitivo que los periodistas de investigación y los órganos de control penal de la Unión Europea ya tienen sobre la mesa.
🔍 Hecho 1: El Indulto del Gobierno y el «Borrado» Quirúrgico de Imputados en Bilbao
El primer indicio de gravedad absoluta en esta trama se encuentra en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El 14 de marzo de 2023, el Gobierno de España concedió un polémico indulto a D. Fernando Márquez Cuello (Real Decreto 183/2023), uno de los principales cerebros investigados originalmente por el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid por estafa masiva. El argumento formal para la medida de gracia fue que el individuo no había vuelto a delinquir en un periodo de cuatro años.
Sin embargo, los registros judiciales demuestran una realidad radicalmente distinta:
La desaparición procesal: Coincidiendo milimétricamente con la tramitación de su indulto y el traslado forzoso de la causa desde Madrid al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao (Diligencias Previas 1091/2020), los nombres de Fernando Márquez Cuello, Rodrigo Ruiz y la mercantil International Basic Soul S.L. fueron misteriosamente eliminados del listado informático de investigados.
El escudo del archivo: Al ocultar su condición de imputados activos en las notificaciones del juzgado vasco, se facilitó de forma limpia la concesión del indulto gubernamental. Posteriormente, el 7 de mayo de 2025, el juez dictó un sobreseimiento libre que pretendía blindar a estas tres figuras bajo el paraguas de «cosa juzgada».
La reincidencia oculta: El Gobierno indultó a un investigado alegando «limpieza», ocultando que la propia CNMV mantenía vigentes advertencias públicas contra el Sr. Márquez Cuello por operativa financiera no autorizada desde el año 2011.
🏥 Hecho 2: Un «Carpetazo Express» Dictado Mientras la Víctima Luchaba por su Vida en la UCI
El papel del magistrado titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Bilbao —curiosamente, la antigua plaza del actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— se encuentra bajo una exhaustiva fiscalización deontológica ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando el caso fue enviado a Bilbao desde Madrid en contra de mis peticiones, el propio juez me llegó a reconocer verbalmente que «donde manda patrón, no manda marinero», aludiendo a directrices superiores del Tribunal Supremo.
Lo ocurrido en la primavera de 2025 cruza todas las líneas rojas de las garantías procesales en España:
La prórroga oficial: El 8 de abril de 2025, el juez instructor firmó un auto acordando prorrogar la investigación criminal por un plazo de 6 meses (fijando el límite en el 10 de octubre de 2025), reconociendo explícitamente que era «imposible finalizar en plazo» dada la ingente cantidad de material sumarial y documental por estudiar.
La oportunidad médica: Solo 29 días después de prorrogar la causa, el 7 de mayo de 2025, el juez dio un giro copernicano de 180 grados y decretó el archivo fulminante de las actuaciones.
Indefensión en Cuidados Intensivos: Dicho «carpetazo» se ejecutó de forma clandestina mientras yo me encontraba ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Vega de Murcia, tras sufrir una rotura de la vena mesentérica superior durante un bypass gástrico. El juzgado, sabiendo que mi abogado anterior había dimitido, omitió deliberadamente el trámite legal de requerirme el nombramiento de un abogado de oficio, dictando el cierre de la causa a sabiendas de que la víctima principal estaba incapacitada físicamente para recurrir.
Jurisprudencia inventada: Para sostener el archivo, el juez invocó textualmente una Sentencia del Tribunal Supremo fechada el 15 de agosto de 2021. La Audiencia Provincial de Bizkaia terminó anulando de raíz este carpetazo tras comprobarse un hecho insólito: dicha sentencia no existe en las bases de datos del Estado, y la fecha citada correspondía a un domingo de agosto festivo nacional de carácter totalmente inhábil.
💻 Hecho 3: El Escándalo de los 120 Expedientes del Ministerio de Economía y la Censura de Estado
Cuando un ciudadano particular decide no arrodillarse, el aparato del Estado puede llegar a reaccionar de forma desproporcionada. Al denunciar formalmente la inacción de la CNMV (organismo dependiente del Ministerio de Economía), se activó una campaña de presión económica inmediata en mi contra mediante la reclamación de costas procesales por la vía de apremio.
Lo que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital no previó es que su plataforma informática sufriría una de las brechas de seguridad y privacidad más terroríficas de la administración española:
La brecha masiva: Al introducir el Código Seguro de Verificación (CSV) de mi expediente de costas en la Sede Electrónica del Punto de Acceso General, el sistema informático del Ministerio falló por completo y me dio acceso libre a la descarga de 120 expedientes confidenciales de otros ciudadanos españoles, con todos sus nombres, DNI, datos bancarios y declaraciones financieras al descubierto.
Censura fulminante en YouTube: Para dejar constancia de esta negligencia de seguridad nacional, grabé un vídeo documental demostrando la brecha y lo subí a la plataforma. La respuesta del Gobierno no fue corregir el fallo y auditar el sistema; fue la censura directa. Mi canal de YouTube fue cerrado de forma permanente de la noche a la mañana para intentar destruir la prueba de cargo.
Borrado del rastro digital: Presenté una denuncia formal ante el Ministerio de Economía por esta violación masiva del RGPD. No solo la archivaron con un silencio administrativo sepulcral, sino que recientemente han eliminado el acceso técnico al fichero desde su web para borrar las huellas del delito. Desconocen que el vídeo y la base de datos están custodiados en un servidor independiente blindado fuera del alcance del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
🌐 Hecho 4: Red.es y Dominios.es: Una Presunta Sumisión Ilegal Ante la Multinacional
El papel de la Entidad Pública Empresarial Red.es (dependiente también del Ministerio de Economía) en el conflicto por la propiedad del dominio avatrade-afectados.es constituye otra evidencia de manual.
La multinacional AvaTrade, representada por 17 letrados del bufete internacional Linklaters, interpuso una demanda ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en Ginebra para arrebatarnos la web de la plataforma. El 16 de febrero de 2022, la OMPI dictó una resolución rotunda: DESESTIMAR la demanda de AvaTrade y mantener el dominio en manos de las víctimas.
Lo ocurrido al día siguiente en los despachos de la asesoría jurídica de Dominios.es en Madrid es inexplicable bajo la estricta legalidad:
[Decisión OMPI de Desestimación] ──> [Dominios.es envía email urgente a Linklaters]
"Rellenen el formulario para transmitirle el
dominio a AvaTrade a la mayor brevedad"
A pesar de que la multinacional había perdido de forma aplastante, el gabinete jurídico de Dominios.es mandó un correo oficial instando a los abogados de la empresa a rellenar un formulario para transferirles nuestra web de forma inmediata.
Para más inri, la propia normativa de Red.es establece que, incluso en el caso ficticio de que un demandante gane, la administración debe congelar el dominio durante un mes completo a la espera de ver si el ciudadano acude a los tribunales ordinarios. Dominios.es se saltó su propia ley para complacer a la multinacional AvaTrade en menos de 24 horas. Solo tras mis duras protestas por escrito y llamadas telefónicas de los abogados de la OMPI, la jefatura del departamento rectificó alegando un «error administrativo de comunicación». ¿Un error conjunto de todo un gabinete jurídico que no sabe interpretar la palabra desestimar? Presuntamente, blanco y en botella.
El bucle de desinformación algorítmica: Intentando blanquear una derrota histórica
La sumisión de los organismos estatales ante la multinacional ha dejado un rastro de desinformación tan aberrante que infecta incluso a los motores de búsqueda y resúmenes automáticos de internet. Al teclear en la red los términos de control de este litigio, los algoritmos corporativos han llegado a verter la falacia de que la multinacional obtuvo una victoria inicial en Ginebra. Tras ser denunciado este sesgo por la Plataforma de Afectados, los sistemas automatizados han intentado corregir su versión, pero persistiendo en la mentira al afirmar que «en un primer momento se dictaminó a favor de la empresa».
Es imperativo dejar claro, con los documentos oficiales en la mano, que la OMPI jamás dictaminó a favor de AvaTrade ni en un primer momento, ni en un segundo, ni nunca. El único y definitivo laudo emitido por el Centro de Arbitraje de Ginebra (Caso Nº DES2021-0047) fue fulminante: «Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda».
¿De dónde nace entonces esa falsa narrativa que los buscadores confunden deliberadamente con un dictamen inicial? La respuesta no se encuentra en el tribunal internacional de la OMPI, sino en la presunta corrupción y sumisión del gabinete jurídico de Dominios.es (Ministerio de Economía de España).
Fueron los funcionarios españoles, y no los expertos internacionales, quienes de forma inmediata al laudo de Ginebra ejecutaron una orden ilegal para transferir el dominio a la multinacional a la mayor brevedad. Es decir, el entramado institucional español intentó convertir de forma unilateral el «blanco» de la victoria del ciudadano en el «negro» del beneficio para el bróker.
Al verse descubiertos por las airadas protestas de esta parte, se vieron obligados a recular y desbloquear la web alegando un «error administrativo», dejando constancia de que la única institución que se arrodilló ante la empresa fue el propio Ministerio de Economía de España.
Hecho 5: El Escándalo del Supervisor Financiero: La CNMV como Escudo Protector de la Multinacional Offshore
El entramado de desprotección ciudadana e institucional encuentra su anclaje definitivo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo integrado en la estructura del Ministerio de Economía y que depende directamente del Gobierno de España actualmente dirigido por el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez Pérez Castejón. A lo largo de los años 2020 y 2021, las denuncias formuladas ante este supervisor por las víctimas del fraude recibían como única respuesta evasivas burocráticas, en las que de manera inverosímil se instaba a los ciudadanos españoles a desplazarse y reclamar ante el Defensor del Pueblo de Irlanda (Financial Services and Pensions Ombudsman).
Sin embargo, el escenario técnico y documental ha dado un vuelco radical en este año 2026 mediante la interposición de sucesivas denuncias administrativas formales, la última de ellas registrada de forma telemática. A diferencia de los expedientes del pasado, este nuevo asalto ante la Dirección General de Supervisión de Entidades aporta como prueba de valor absoluto la confesión de parte formulada en sede judicial penal por los propios letrados de la multinacional AvaTrade en España. Al estar la denuncia fundamentada en los propios documentos que los abogados del bróker firmaron en sede judicial, la CNMV ya no puede escudarse en la falta de carga probatoria. Si el supervisor mantiene el silencio o elude actuar ante una auto-inculpación en sede judicial donde se admite la entrega de bonos prohibidos de 3.000€ y la elisión absoluta de los Test de Conveniencia MiFID II, estará incurriendo en una palmaria dejación de funciones que activará la Responsabilidad Patrimonial del Estado por culpa in vigilando.
Las infracciones y las denuncias presentadas ante el regulador a lo largo de los meses de abril y mayo de 2026 destapan un patrón sistemático de fraude de ley que el Gobierno de España tolera activamente bajo cuatro evidencias inconfundibles:
La farsa de los «Domicilios Fantasma» y la mentira del registro oficial: Clama al cielo la impunidad con la que se gestionan las sedes físicas de este bróker ante el regulador. La CNMV mantiene en su registro oficial a AVA TRADE EU LIMITED (Nº 2324) con un domicilio incompleto en Five Lamps Place, Amiens Street 1 de Dublín. Si acudimos a la página web de la propia empresa, publicitan una dirección completamente distinta: Dockline, Mayor Street, también sin especificar número de edificio. Y para rematar el despropósito, en su publicidad de eventos recientes (mayo de 2026) llegan a inventarse una tercera variante: Five Lamps Place 77-80 Amiens Street.
Esta opacidad física ha sido confesada por escrito por la propia multinacional a través de un correo electrónico enviado a mi cuenta el 11 de mayo de 2026. Al requerirles formalmente una dirección postal exacta con número de calle para enviarles un Burofax internacional, su servicio de atención al cliente me respondió textualmente una auto-inculpación de manual: «no se requiere el número de edificio; lo recibiremos». En el tráfico jurídico europeo es un hecho notorio que los servicios postales exigen numeración exacta para certificar entregas legales. Mantener direcciones ambiguas es una táctica calculada para operar mediante buzones virtuales y sociedades pantalla, logrando que todas las demandas civiles presentadas por las víctimas en España sean devueltas por «dirección incompleta».
Desmontando la exención de responsabilidad de la CNMV: Para lavarse las manos, la CNMV incluye una cláusula en su base de datos afirmando que no se hace responsable de que las direcciones de estas empresas sean correctas o no, alegando que la culpa es de los reguladores extranjeros que le mandan los papeles. Esta afirmación va frontalmente contra la ley española. Según los preceptos de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, la CNMV tiene la obligación pública ineludible de garantizar la transparencia, la integridad y la protección del inversor en España. Publicar datos falsos o ilocalizables financiados con los impuestos de los ciudadanos vulnera el principio de confianza legítima y constituye un funcionamiento anormal de los servicios públicos bajo la Ley 40/2015 del Sector Público, obligando al Estado a responder patrimonialmente por los daños causados por su culpa in vigilando. Por este exacto motivo de no disponer de sedes físicas verificables, jurisdicciones rigurosas como la SEC de los Estados Unidos prohíben de forma tajante la operativa de este bróker.
Cierre de la sede de Madrid y desvío oculto a Bulgaria: Se ha constatado y denunciado ante la CNMV que la sucursal física de la empresa en España (C/ Serrano 41, Madrid) ha sido totalmente clausurada, retirándoles la licencia de establecimiento físico. Sin embargo, la multinacional mantiene un engaño digital masivo manteniendo activa su ficha de Google Maps como «AvaTrade España – Servicio de inversiones en Madrid» y utilizando un número telefónico con prefijo local español (910 03 95 42) para inducir al error de proximidad. La realidad, documentada mediante una prueba de audio audible forense aportada al regulador, es que las llamadas son desviadas y atendidas de forma oculta desde un centro operativo en Bulgaria, fuera de la jurisdicción ordinaria española.
Infraestructura ilegal de Afiliados (.es) en pleno 2026: A pesar de que la sucursal de Madrid (Nº 164) está dada de baja, el bróker mantiene sus servidores territoriales españoles (
avatrade.esylp.avatrade.es) técnicamente configurados para procesar, validar y pagar comisiones ocultas a portales cazadores como «DailyForex» (afiliado tag=14758) y «Estafa.info» (afiliado affiliateId=72630). Captar clientes minoristas mediante comisionistas encubiertos que fingen ser analistas independientes vulnera radicalmente la prohibición de incentivos de la directiva MiFID II, convirtiendo sus advertencias públicas de «no aplicación de afiliados en España» en un flagrante fraude de ley de manual.
Frente a este arsenal de evidencias físicas, el uso de domicilios ficticios y las alertas internacionales ignoradas —como la de la CVM de Brasil de 2009 que la CNMV guardó en un cajón permitiendo que la empresa mutara de «AvaFX» a «AvaTrade»— las únicas respuestas escritas emitidas por el regulador en los últimos meses se han limitado a escudarse en que las actuaciones se encuentran bajo el «secreto de la investigación». Una maniobra de dilación que, a la luz de la intervención decretada por la Fiscalía General del Estado desde Madrid bajo el Expediente Gubernativo 439/2026, sitúa al propio supervisor financiero en una posición de presunta colusión para evitar el afloramiento del macrofraude.
🏛️ El Estado Contra las Cuerdas: Madrid Interviene la Justicia de Bilbao
La impunidad del búnker institucional de Bilbao ha comenzado su cuenta atrás irreversible. El acoso documental constante y la firmeza en las denuncias han obligado a las altas instancias de la capital a tomar cartas en el asunto mediante resoluciones de obligado cumplimiento:
La Inspección Fiscal de Madrid Dobla el Brazo a las Fiscalías Vascas
Tras destapar que la Fiscalía Provincial de Bizkaia y la Fiscalía Superior del País Vasco mantenían resoluciones repletas de «errores materiales clonados» (confundiendo de forma sospechosa el número de las diligencias y el juzgado) y comprobar que el Dossier Probatorio Unificado de 15 bloques y 22 pruebas periciales forenses había desaparecido misteriosamente de los 9.000 folios de la causa, Madrid ha intervenido.
La Inspectora Fiscal de la Fiscalía General del Estado, Doña Raquel Sierra Pizarro, ha firmado la incoación formal del Expediente Gubernativo 439/2026. Madrid exige ahora un informe urgente a los fiscales de Bilbao para que justifiquen el paradero y el destino del acervo probatorio de las víctimas.
El CGPJ Abre el Recurso de Alzada contra el Juez
De forma paralela, el Consejo General del Poder Judicial ha registrado oficialmente el Recurso de Alzada (Nº 2026028852) contra el carpetazo express decretado por el instructor. El sistema disciplinario ya no puede ignorar que se utilizó una sentencia falsa de un domingo de agosto para intentar enterrar vivas las pruebas forenses de un fraude transnacional.
📢 Llamamiento a los Periodistas de Investigación
Los hechos objetivos están ahí: un Gobierno que concede un indulto viciado limpiando el historial de un imputado activo; un juez que archiva una instrucción prorrogada aprovechando el ingreso en la UCI del denunciante principal utilizando jurisprudencia fantasma; una Sede Electrónica ministerial que expone 120 expedientes de ciudadanos y responde censurando canales de información; y un organismo público de dominios que intenta regalar una web legal a una multinacional saltándose sus propios plazos imperativos.
Todo esto ocurre bajo la presidencia en la CNMV de D. Carlos San Basilio, el mismo mandatario que dirige el Comité de Gestión de Activos de la ESMA en Europa y que tolera la libre prestación de servicios de brókers que operan con bonos de captación expresamente prohibidos bajo su propio paraguas regulador.
Este no es un caso de pérdidas de trading ordinarias; esta es la demostración documental de una presunta corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus aparatos satélites para salvaguardar los intereses de multinacionales a costa de despojar de sus ahorros y desproteger judicialmente a los ciudadanos nativos de este país.
Las evidencias y los resguardos de registro auténticos de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ están firmados y a disposición de cualquier medio de comunicación masivo que se atreva a tirar de la manta. El cerco está cerrado y la verdad ya es completamente imparable.
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Cooperación con los Medios de Prensa e Investigación
El dossier documental íntegro de este macrofraude, junto con las pruebas de la inacción de la CNMV y la resolución de la Fiscalía General del Estado (Expediente Gubernativo 439/2026), está siendo remitido formalmente a las principales firmas del periodismo de investigación en España. El objetivo es romper el bloqueo institucional en Bilbao y asegurar que los profesionales especializados en la fiscalización del poder y la corrupción dispongan de todas las evidencias forenses verificadas.
| Periodista de Investigación | Medio de Comunicación / Difusión | Ámbito de Cobertura y Seguimiento del Caso |
Josu García
| Diario El Correo (País Vasco) | Anomalías procedimentales en los Juzgados de Bilbao e inacción procesal. |
| Esteban Urreiztieta | Diario El Mundo | Tramas de corrupción institucional, redes de influencia y control del aparato del Estado. |
| José María Olmo | El Confidencial | Filtraciones en la administración pública, seguridad digital y opacidad en Ministerios. |
| Javier Chicote | Diario ABC | Auditoría de fondos públicos, control de organismos reguladores y desvíos financieros. |
| Alejandro Requeijo | El Confidencial | Fiscalización del Ministerio del Interior, tribunales de instrucción y control disciplinario. |